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Tribunal anula la prohibición de plásticos de un solo uso en Canadá

Un Tribunal Federal anuló este jueves 23 de noviembre la prohibición de Canadá sobre los plásticos de un solo uso, tras considerar que esta política es “irrazonable e inconstitucional”.

La decisión encontró que la clasificación de los plásticos en la orden del gabinete canadiense era demasiado amplia para figurar en la Lista de Sustancias Tóxicas en su Anexo 1 y, por lo tanto, el gobierno actuó fuera de su autoridad.

«No existe ningún temor razonable de que todos los artículos fabricados con plástico enumerados sean dañinos», se puede leer en la decisión.

¿Qué significa este fallo para la Industria del Plástico?

La decisión del Tribunal Federal anula una orden del gabinete que enumera diversos artículos fabricados con plástico, incluidos las bolsas de plástico, popotes y recipientes para comida para llevar, como tóxicos bajo la Ley de Protección Ambiental de Canadá.


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La decisión tiene implicaciones para la prohibición gubernamental de seis artículos de plástico de un solo uso. También precisa que el gobierno sólo puede regular sustancias para la protección del medio ambiente si están catalogadas como tóxicas según la
Canadian Environmental Protection Act Registry (CEPA).

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Bajo este argumento, se determinó que no era razonable decir que todos los artículos fabricados con plástico son dañinos porque la categoría es demasiado amplia.

Al respecto, la primera ministra de la provincia canadiense de Alberta, Danielle Smith, dijo en un comunicado que la prohibición de los plásticos de un solo uso «demuestra un patrón continuo de extralimitación federal destinada a subvertir el papel y los derechos constitucionalmente protegidos de las provincias» y que la prohibición ha tenido «consecuencias de amplio alcance para los intereses económicos de Alberta».

También señaló que la prohibición ha puesto en riesgo miles de empleos y miles de millones de inversiones.

«Alberta se enorgullece de albergar el sector petroquímico más grande de Canadá, un sector con más de $18 mil millones en proyectos recientemente anunciados que fueron puestos en peligro innecesariamente por un gobierno federal que señala virtudes y no respeta la división de poderes descrita en la Constitución canadiense», expresó Smith, que también instó al gobierno federal a no apelar la decisión.

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