La principal preocupación de la Industria del Plástico ante la Ley General de Economía Circular no está solamente en las nuevas obligaciones para recuperar y aprovechar los residuos, sino en cómo se establecerán las metas, los plazos y las condiciones para cumplirlas. Aunque la legislación entró en vigor en enero de 2026, el sector todavía espera la publicación de su reglamento, que dará paso a los acuerdos específicos de implementación y a la definición de responsabilidades para cada actividad productiva.
Durante el conversatorio “Industria del Plástico ante la Ley General de Economía Circular: Retos, obligaciones y oportunidades”, realizado en Plastimagen México 2026, Benjamín del Arco, Presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC); Ivana Alonso Vázquez, consultora especialista en Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales, y Viviana Mondragón, consultora senior de VCGA Consultores, analizaron los cambios que deberá afrontar el sector y las decisiones regulatorias que todavía están pendientes.
Uno de los puntos cruciales fue la responsabilidad extendida del productor (REP), que coloca en las empresas nuevas tareas relacionadas con la recuperación, el aprovechamiento y la reincorporación de los materiales a las cadenas productivas. En el caso de la industria, esto supone reorganizar operaciones, invertir en infraestructura y establecer acuerdos con otros participantes de la cadena de valor.
Sin embargo, el alcance de esas obligaciones todavía no está completamente definido. La ley establece el marco general, pero serán el reglamento y los acuerdos generales de implementación los que precisen las metas, los periodos de cumplimiento y las capacidades técnicas, económicas y ambientales que deberán acreditar los sectores.
De las iniciativas legislativas a una ley general
Ivana Alonso recordó que la discusión legislativa sobre economía circular en México tomó fuerza en 2021, cuando se presentaron dos iniciativas en el Congreso: una relacionada con la gestión de residuos y otra con economía circular. Ambas quedaron pendientes de aprobación en la Cámara de Diputados y perdieron vigencia al concluir la legislatura correspondiente.
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Ese primer intento tuvo una participación limitada del sector privado, situación que, según la consultora, contribuyó a que distintas entidades federativas desarrollaran disposiciones propias. El resultado fue un conjunto de regulaciones estatales que no necesariamente coincidían entre sí y que, en algunos casos, generaron controversias jurídicas promovidas por integrantes de la industria.
La discusión retomó fuerza en 2024, con el inicio de una nueva administración federal y la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México. En esos instrumentos se incorporó la economía circular con metas hacia 2030, lo que dio paso a un nuevo trabajo legislativo.
A diferencia del intento anterior, en esta etapa hubo consultas con representantes del sector privado y los sujetos que quedarían obligados por la legislación. Ivana Alonso recordó que circularon dos borradores: el primero tenía disposiciones que la industria consideró demasiado restrictivas; el segundo incorporó parte de las observaciones presentadas por las empresas.
La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras en diciembre de 2025 y la Ley General de Economía Circular entró en vigor en enero de 2026. No obstante, la publicación del reglamento y de los instrumentos que harán operativas sus disposiciones continúa pendiente, según lo expuesto durante el conversatorio.
La naturaleza general de la ley fue considerada un avance para reducir las diferencias regulatorias entre entidades. Al tratarse de una legislación de concurrencia, distribuye atribuciones entre la Federación, los estados y los municipios. La Federación establecerá las directrices y los gobiernos locales deberán armonizar sus marcos normativos con ellas.
Para las empresas que operan en distintas entidades, esto podría reducir la necesidad de adaptar sus operaciones a disposiciones estatales diferentes. La armonización, sin embargo, dependerá de cómo se traduzcan las atribuciones y los criterios federales en las regulaciones locales.

La responsabilidad extendida del productor cambia las obligaciones de la industria
Viviana Mondragón explicó que la ley es un instrumento de fomento y contempla mecanismos económicos, fiscales y administrativos para avanzar hacia la economía circular. Su eje central es la responsabilidad extendida del productor, que complementa la responsabilidad compartida prevista en la legislación de residuos.
En términos prácticos, las empresas tendrán que asumir una participación más amplia en la gestión de los productos y materiales que colocan en el mercado. La recuperación ya no dependerá solamente de las acciones de los gobiernos o de los sistemas de recolección: los productores deberán establecer mecanismos para que los materiales puedan aprovecharse y reincorporarse a nuevas cadenas de valor.
La especialista describió tres vías para cumplir con esta responsabilidad:
- Individual: cada empresa organiza y gestiona directamente la recuperación y valorización de sus productos o materiales.
- Colectiva: varias empresas participan mediante un organismo coordinador que articula las acciones y los objetivos comunes.
- Indirecta: el cumplimiento se realiza mediante convenios de concertación entre las empresas y los sectores correspondientes.
La elección del mecanismo tendrá consecuencias operativas y financieras. En el esquema individual, cada compañía deberá desarrollar sus propias capacidades; en el colectivo, los participantes podrán coordinar esfuerzos y compartir determinadas tareas. En ambos casos, las condiciones específicas dependerán de los acuerdos que se establezcan con las autoridades.
Viviana Mondragón precisó que algunas obligaciones ya son exigibles, incluso antes de la publicación del reglamento. Entre ellas mencionó la necesidad de orientar las operaciones hacia los principios de economía circular establecidos en la ley y evitar información falsa o el uso indebido de distintivos. Las metas, los plazos y los mecanismos específicos de recuperación quedarán sujetos a los acuerdos generales de implementación.
El reglamento definirá metas y plazos por sector
Una de las preguntas que surgieron en el encuentro fue cuándo se conocerán los porcentajes de recuperación y contenido reciclado que deberá cumplir la Industria del Plástico.
La respuesta fue que esos parámetros no se establecerán de manera uniforme en el reglamento. Al ser un instrumento general, este fijará las directrices para todos los sectores; posteriormente, los acuerdos generales de implementación definirán las obligaciones específicas de cada actividad productiva.
Según lo expuesto por las consultoras, una vez publicado el reglamento habrá un periodo de 180 días para construir esos acuerdos entre las autoridades y los sectores privados. En ellos se establecerán metas, plazos y condiciones de cumplimiento, tomando en cuenta las capacidades técnicas, económicas y ambientales disponibles.
Los acuerdos se incorporarán a una plataforma de economía circular y servirán de base para la integración del Programa Nacional de Economía Circular, que concentrará las metas y las acciones correspondientes a cada sector. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será la autoridad responsable de coordinar este instrumento, con la participación de otras dependencias cuando corresponda.
Las consultoras mencionaron que ya se habían realizado mesas de trabajo con distintas actividades productivas, entre ellas la Industria delPplástico, los residuos eléctricos y electrónicos, el sector del hule y las llantas, así como las industrias farmacéutica, cosmética y tabacalera.
En palabras de Benjamín del Arco, la participación de las cadenas productivas en estas conversaciones es necesaria para establecer objetivos que puedan cumplirse en función de la disponibilidad de materiales secundarios y de la capacidad instalada para procesarlos.
El presidente de ANIPAC indicó que, para Polipropileno (PP), Polietileno (PE) y Poliestireno (PS), ya se habían presentado propuestas de objetivos elaboradas con la participación de productores de resinas, transformadores y propietarios de marcas. La intención es que las metas consideren las condiciones de cada cadena y no se fijen al margen de la capacidad real de recuperación y reciclaje.
Reciclaje, inversión y nuevas materias primas
La responsabilidad extendida del productor no se limita a recuperar envases y otros artículos una vez que se convierten en residuos. También abre oportunidades para el desarrollo de materiales, el rediseño de productos, la innovación tecnológica y la consolidación de un mercado de materias primas secundarias.
Viviana Mondragón destacó el diseño circular como una de las vías para avanzar en el cumplimiento de la REP. Esto supone que los productos colocados en el mercado consideren desde su diseño la posibilidad de reducir su impacto ambiental, facilitar su reciclaje y reincorporar sus materiales a otras cadenas productivas.
La especialista identificó otro espacio de crecimiento en el mercado de materias primas secundarias: materiales recuperados que pueden volver a emplearse mediante reciclaje o procesos de remanufactura. Para que este mercado funcione, será necesario contar con volúmenes suficientes, calidad constante y compradores que tengan incentivos para incorporar esos insumos.
Benjamín del Arco relacionó esta transición con la inversión en maquinaria, equipos de lavado, acopio y tecnologías de transformación. La certidumbre sobre las metas regulatorias puede ayudar a que las empresas calculen sus necesidades de inversión y los recicladores tengan mayor claridad sobre la demanda futura.
A lo largo de la sesión surgió la preocupación de los recicladores por los objetivos voluntarios que algunas empresas habían pospuesto cuando no alcanzaban los resultados previstos. La nueva legislación podría reducir esa incertidumbre al establecer metas y fechas de cumplimiento, aunque su efecto dependerá de que los acuerdos sectoriales sean viables y se apliquen conforme a los plazos establecidos.
El presidente de ANIPAC señaló que la industria necesita aprovechar los espacios de colaboración con fabricantes de maquinaria, productores de resinas y proveedores de aditivos para avanzar en la recuperación y reformulación de materiales.
Incentivos fiscales y profesionalización de los recicladores
Otro tema abordado fue el financiamiento de la transición. Las participantes recordaron que la Ley del Impuesto sobre la Renta incluye disposiciones transitorias relacionadas con incentivos fiscales para inversiones en economía circular.
En el conversatorio se habló de mecanismos para diferir determinados pagos del ISR en ciertos supuestos de inversión. También se puntualizó que las actividades de innovación podrían abarcar el desarrollo de procesos y nuevas operaciones, como la logística inversa, además de la adquisición de maquinaria.
No obstante, las condiciones de acceso y aplicación de estos estímulos deberán revisarse conforme a las disposiciones fiscales correspondientes. En la sesión no se detallaron porcentajes, montos máximos ni requisitos completos para cada tipo de inversión.
La incorporación de los recicladores de base a los nuevos esquemas representa otro pendiente. Viviana Mondragón apuntó que tendrán que considerarse los estándares técnicos y las normas mexicanas aplicables para determinar qué actividades pueden realizar y bajo qué condiciones.
La profesionalización no se limita a adquirir equipos. También requiere capacitación, procedimientos de operación, controles de calidad y mecanismos de trazabilidad que permitan comprobar el origen y el destino de los materiales.
En este último punto, las consultoras identificaron oportunidades para las empresas que desarrollen sistemas de certificación y seguimiento de materiales, así como para los organismos coordinadores que puedan acompañar a los recicladores en la adopción de estándares.

¿ANIPAC será organismo coordinador?
La posibilidad de que ANIPAC se convierta en un organismo coordinador fue uno de los asuntos que Benjamín del Arco dejó abiertos tras el encuentro. El presidente de la asociación comentó que la decisión se tomará cuando se conozcan el reglamento y las condiciones que deberán cumplir estas figuras.
La retroalimentación recibida de sus asociados, sostuvo, apunta a que la organización podría asumir esa función para representar a la industria y coordinar los objetivos y las metas que se establezcan para el sector.
Viviana Mondragón subrayó que un organismo de este tipo puede facilitar el cumplimiento colectivo de la responsabilidad extendida del productor y contribuir a desarrollar el mercado de materias primas secundarias. La coordinación permitiría reunir esfuerzos de distintas empresas y dar mayor escala a las actividades de recuperación.
La decisión, sin embargo, todavía no está tomada. ANIPAC deberá valorar las disposiciones regulatorias y las condiciones de operación antes de definir si asumirá esa responsabilidad.
Importación de materiales secundarios y competencia
En el intercambio con los asistentes surgió otra inquietud: si las materias primas secundarias utilizadas para cumplir las metas deberán tener origen nacional o si podrán importarse.
Ivana Alonso refirió que, durante las mesas de trabajo, se había planteado la posibilidad de crear una fracción arancelaria y establecer aranceles a la importación de materias primas secundarias. La intención sería evitar que la entrada de materiales procedentes de otros países genere condiciones de competencia desfavorables para las inversiones realizadas en México para desarrollar ese mercado.
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Se trata de una propuesta presentada a las autoridades, no de una disposición que ya esté aprobada. Su eventual aplicación tendrá que discutirse y definirse dentro de los instrumentos comerciales y regulatorios correspondientes.
La cuestión es relevante para la industria porque las empresas que importan productos también estarán sujetas a las obligaciones que establezca la legislación. El origen de los materiales recuperados, su disponibilidad y las condiciones de competencia serán parte de las decisiones que acompañen la construcción del mercado nacional de materias primas secundarias.
Una transición que exige cambios dentro de las empresas
La economía circular no se limita a incorporar equipos de reciclaje o cumplir porcentajes de recuperación. En el marco del conversatorio se habló de cambios en las estructuras organizacionales, las capacidades técnicas y administrativas, la logística y las relaciones entre empresas.
Benjamín del Arco advirtió que los materiales que hoy se consideran residuos deberán evaluarse como posibles insumos para otros procesos. Esto conlleva identificar oportunidades de acopio, establecer acuerdos con recicladores, revisar el diseño de productos y decidir quién financiará la infraestructura necesaria.
Las empresas deberán contar con información que permita seguir el recorrido de los materiales y comprobar los resultados de sus acciones. Las certificaciones y los sistemas de trazabilidad tendrán un papel en esa comprobación, aunque su alcance y los requisitos aplicables deberán precisarse conforme avance la regulación.
El cambio, coincidieron los participantes, tendrá que desarrollarse gradualmente. La industria necesita metas exigibles, pero también plazos que consideren la capacidad de recuperación, la disponibilidad de materias primas secundarias y las inversiones que supone cada cadena.
La Ley General de Economía Circular abre una etapa de obligaciones para los productores, pero igualmente crea condiciones para desarrollar nuevos servicios, tecnologías y mercados. El resultado dependerá de cómo se construyan los acuerdos sectoriales y de que las metas ambientales se acompañen de condiciones técnicas y económicas para alcanzarlas.
Coordinador Editorial de Ambiente Plástico: Julio César Sánchez Espinoza. Periodista con más de 15 años de experiencia en la investigación y desarrollo de contenidos especializados para medios impresos y digitales en México y Latinoamérica.
IG: @imjucesar // LinkedIn @imjucesar
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