Y, hablando de gasolinas…

El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la modificación en materia energética a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En los años subsecuentes, se promulgaron nueve leyes secundarias, mientras que otras 12 se reformaron. Estamos, sin duda, ante la mayor transformación que registró el país en las últimas ocho décadas.
Al margen de las ventajas y desventajas expuestas por especialistas en la materia, es evidente que la regulación se posiciona como un tema clave para el sector. Previo a los cambios constitucionales, la Comisión Reguladora de Energía contaba con menos recursos de autonomía para ejercer las actividades establecidas en su marco técnico, lo que dificultó la labor de registro de transacciones comerciales, verificación de instalaciones y evaluación de calidad de los petrolíferos.
Dos años después se publicó la NOM-016-CRE-2016, que tiene como objeto evaluar la calidad de los petrolíferos que se comercializan en nuestro país, de esa forma cubre las diferentes etapas de su cadena de valor (producción o importación, transporte, almacenamiento, distribución y venta a consumidores finales). Sin embargo, aún persisten ciertos problemas respecto de materias importadas a través de un punto de control o aduana, incluso durante su almacenamiento y mezcla con aditivos, además del transporte y venta final, los cuales se encuentran expuestos a la contaminación.
A tenor de lo anterior, el Instituto Politécnico Nacional, como institución pública comprometida con el sector energético, desarrolló una Unidad de Caracterización y Evaluación de Hidrocarburos, cuyo objetivo es valorar la calidad de petrolíferos conforme a la NOM-016-CRE-2016.
Asimismo, busca asesorar en la preparación, mezcla y/o aditivación de combustibles, capacitar recurso humano y, finalmente, alcanzar el nombramiento de laboratorio nacional. De esta manera cumple con el propósito de ser un árbitro imparcial, capaz de apoyar en la solución de problemas que aquejan al sector.
Sin duda son tiempos en los que el gobierno federal debe buscar el apoyo de las instituciones públicas y privadas que, desde su creación, aportan un valor agregado, además, son leales a sus principios y convicciones.