Andrea González Loría, diputada presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, dio a conocer que la prohibición de plásticos de un solo uso fue revocada por la Suprema Corte, al considerar que el estado no tiene la facultad de decidir qué se puede vender y que no.
La Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del estado de Quintana Roo, en vigor desde 2019, contemplaba una prohibición para la comercialización de plásticos de un solo uso como:
- Popotes
- Recipientes para comida
- Cubiertos de plástico
- Bolsas
- Mezcladores
- Platos
- Charolas
- Anillos plásticos para sujetar envases
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Esta prohibición, sin embargo, se vio retrasada por prórrogas otorgadas a comerciantes que argumentaron no estar preparados para eliminar los materiales de plástico en su negocio, ante la falta de recipientes que pudieran sustituir de manera significativa, y con una huella ambiental baja, las ventajas de los plásticos.
“Esa parte de la ley la Suprema Corte nos lo revoca, porque a nivel estado no tenemos la facultad de decir qué se puede vender y qué no. El tema de comercio le corresponde a la Federación, entonces en todo caso los diputados federales tendrían que prohibir eso, a nosotros nos toca la parte de regular la separación de los residuos, que se tenga un buen manejo para la disposición final y hacer más conciencia en el tema de la reducción”, señaló González Loria.
Cabe destacar que, en junio del año pasado, integrantes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) hicieron un llamado para que se tuviera un reglamento claro sobre el uso de plásticos. Para ese momento, había terminado la prórroga para cumplir con la eliminación de los plásticos y aún no había claridad en muchos elementos y los comerciantes temían que comenzaran las revisiones y por lo tanto las multas por incumplimiento.
Ante este escenario, muchas cámaras empresariales y organismos hicieron llamados constantes a la autoridad estatal, en busca de una alternativa al reglamento de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del estado de Quintana Roo, presentando varios caminos para darle uso a la iniciativa, siempre que se tuviera la posibilidad de operación
