En un esfuerzo por proteger a los consumidores y frenar el uso engañoso de mensajes ambientales, la Comisión de Defensa de los Consumidores del Senado aprobó un dictamen que prohíbe el uso de términos que sugieran responsabilidad ambiental o sustentabilidad si no existe evidencia técnica que los respalde. Esta reforma modifica el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y tiene como objetivo principal prevenir prácticas de greenwashing.
¿Qué es el greenwashing?
El término greenwashing —traducido como «lavado verde»— se refiere a una estrategia de marketing que presenta productos, servicios o incluso marcas como ecológicamente responsables sin contar con acciones reales que lo demuestren. En otras palabras, se busca capitalizar el interés creciente del consumidor por el medio ambiente, mediante información falsa, ambigua o exagerada.
Según Manuel Fernando Pumasunco Rivera, en su investigación “El greenwashing en Latinoamérica y el mundo”, realizada en la Facultad de Administración y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres (Perú), el concepto greenwashing surgió “en 1990 y fue el británico David Bellmay quien asoció el término para referirse a la acción de inducir al consumidor final a percibir una imagen o percepción distinta de un producto, asociándolo erróneamente a un tema eco amigable o sostenible”.
Aunque algunos estudios ubican el origen del greenwashing en los años 80, lo cierto es que ha cobrado gran relevancia en la última década, impulsado por el aumento de la conciencia ambiental y las crecientes exigencias del público hacia las empresas y gobiernos para adoptar prácticas más responsables con el medio ambiente.
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“Una forma de publicidad abusiva”
Durante la presentación del dictamen, la senadora Cynthia Iliana López Castro, presidenta de la comisión, explicó que el greenwashing representa una forma de publicidad abusiva, que se aprovecha de los consumidores que, con buena intención, buscan opciones responsables, pero desconocen cómo se fabrican los productos o las consecuencias reales de su uso.
La reforma contempla la prohibición de frases como “verde”, “eco” o “climáticamente neutro” en empaques, etiquetas, anuncios y cualquier forma de comunicación comercial, a menos que exista información verificable que sustente esas afirmaciones.
Casos comunes de greenwashing
Entre los ejemplos más frecuentes de esta práctica se encuentran:
- Etiquetas de “biodegradable” en productos que no cumplen con los tiempos o condiciones reales para descomponerse sin dañar el medio ambiente.
- El uso de colores, íconos o sellos verdes que no están avalados por organismos reguladores o científicos.
- Mensajes ambientales en campañas políticas que no tienen correlación con propuestas reales en materia ecológica.
Cynthia Iliana López Castro también destacó que muchas empresas utilizan términos ambientalistas para limpiar su imagen, sin realizar cambios estructurales en sus procesos de producción o materiales.
Un freno al uso comercial de la sustentabilidad
Además de proteger al consumidor, la reforma busca preservar el valor real de los conceptos de sustentabilidad y economía circular, los cuales han sido distorsionados por intereses corporativos. La senadora advirtió que las falsas soluciones que simulan contribuir al medio ambiente en realidad perpetúan esquemas de producción y consumo insostenibles.
Aunque la iniciativa pone el foco en las empresas y publicistas, Cynthia Iliana López Castro hace un llamado a la corresponsabilidad del consumidor exhortándolos a que se informen sobre lo que consumen.
Con esta reforma, se espera que los organismos reguladores puedan actuar con mayor claridad ante campañas de greenwashing y que las marcas reconsideren su comunicación ambiental. Además, se abre el debate para fortalecer mecanismos de verificación y certificación que permitan distinguir entre compromisos genuinos y estrategias de simulación.
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