En una votación que refleja un inusual consenso político, el Senado de la República aprobó el 10 de diciembre de 2025 el dictamen para expedir la Ley General de Economía Circular, una reforma de gran alcance que busca responder de manera integral a la crisis ambiental y productiva del país.
Con 111 votos a favor, la Cámara alta avaló la minuta enviada por la Cámara de Diputados y turnó el proyecto de decreto al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
La aprobación se dio tras una moción de urgente resolución, presentada por Verónica Camino Farjat, Presidenta en funciones de la Mesa Directiva, que fue respaldada con 72 votos a favor y 30 en contra.
Para la legisladora, la premura estaba justificada: el Estado mexicano requería con inmediatez un marco jurídico estratégico capaz de promover un desarrollo sostenible, competitivo y ambientalmente responsable.
La nueva ley tiene un objetivo claro: incrementar la vida útil de los productos, minimizar la generación de residuos y fomentar su recuperación, aprovechamiento y valorización, en línea con los principios de la economía circular, un modelo que ha ganado terreno a nivel internacional como alternativa al esquema tradicional de “extraer, usar y desechar”.
Un nuevo andamiaje legal para la economía circular
El proyecto de decreto no sólo crea una ley específica, sino que también reforma y adiciona disposiciones clave de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Con ello, se establece la concurrencia de atribuciones entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
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Uno de los pilares del nuevo ordenamiento es la creación del Sistema Nacional de Economía Circular, concebido como un mecanismo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para cumplir los objetivos de la ley bajo criterios técnicos, ambientales y económicos.
A nivel federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) asumirá la responsabilidad de formular y conducir la política nacional en materia de economía circular, así como de elaborar el Programa Nacional de Economía Circular, de carácter especial y cumplimiento obligatorio conforme a la Ley de Planeación.
La normativa también contempla la emisión de una Norma Oficial Mexicana (NOM) de Economía Circular, junto con estándares técnicos y disposiciones generales que buscan dar certidumbre a empresas, gobiernos locales y consumidores.
Del reciclaje a la inclusión social
Un elemento distintivo de la ley es la incorporación del concepto de reciclaje inclusivo, que reconoce y visibiliza la aportación social, económica y ambiental de las personas recicladoras de base, conocidas popularmente como pepenadoras.
El nuevo marco legal impulsa el desarrollo de modelos que integren a este sector en la economía circular, con el objetivo de dignificar su labor y fortalecer su participación en las cadenas de valor.
Durante el debate, Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, calificó la aprobación como un hecho histórico. “Esta ley se convertirá en una palanca de un nuevo desarrollo económico”, afirmó, al destacar que el dictamen apunta a menos basura, más valor económico y más empleos verdes.
Desde la bancada de Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona describió la ley como una hoja de ruta para el futuro, sustentada en tres pilares: el Programa Nacional, el Sistema Nacional de Economía Circular y la inversión y reconversión productiva.
Subrayó además que la legislación obliga a los congresos locales a armonizar sus marcos legales, y que, en caso de omisión, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones federales, garantizando un piso parejo para las empresas en todo el país.
Coincidencias y matices entre las fuerzas políticas
Aunque el respaldo fue mayoritario, las distintas bancadas aprovecharon el debate para fijar matices. Francisco Ramírez Acuña, del PAN, enfatizó la importancia de la solidaridad intergeneracional en el cuidado de la naturaleza y advirtió que las actividades económicas no deben perder su esencia como sustento humano, ni quedar subordinadas exclusivamente a intereses empresariales.
Por el PRI, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca destacó que la ley alinea a México con prácticas internacionales de uso sostenible de materiales, basadas en la reutilización y el reciclaje. Señaló que la educación ambiental y los incentivos fiscales serán claves para que la economía circular se traduzca en resultados concretos.
Desde el PT, Geovanna Bañuelos de la Torre subrayó que la ley establece una política nacional basada en planeación, metas, diagnósticos y sistemas digitales de información, al tiempo que introduce el principio de responsabilidad compartida y diferenciada para productores, comercializadores, distribuidores, consumidores y autoridades.
Para el senador Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano, la aprobación de la ley implica un cambio de fondo: “No sólo hablamos de medio ambiente, sino de nuevas cadenas productivas, empleos verdes, reducción de costos y una mejor calidad de vida”.
Con la Ley General de Economía Circular, México da un paso decisivo hacia un modelo que busca reconciliar crecimiento económico y protección ambiental, en un momento en que la sostenibilidad ha dejado de ser un discurso aspiracional para convertirse en una exigencia estructural del desarrollo.
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