La integración comercial de México, Estados Unidos y Canadá atraviesa una etapa en la que las decisiones políticas pesan cada vez más sobre la producción, las inversiones y las cadenas de suministro. Para las empresas que operan en Norteamérica, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se limita a discutir aranceles o reglas de origen: implica anticipar nuevas exigencias, evaluar costos y decidir dónde desarrollar sus capacidades industriales.
Durante la sesión plenaria “Norteamérica en Transición: El Nuevo T-MEC y la Integración Regional”, realizada en el LVIII Foro Nacional de la Industria Química, Alberto de Icaza, Head External Affairs Mexico, ZF; Rupert Huettler, Partner, Von Wobeser y Sierra, S.C., y Juan Carlos Baker Pineda, Consultor, analizaron las condiciones que pueden favorecer o frenar la actividad productiva en México.
Sus intervenciones abordaron tres frentes relacionados: los ajustes que enfrenta la industria automotriz, las garantías jurídicas que reclaman los inversionistas y la evolución de la política comercial estadounidense. En conjunto, sus análisis apuntaron a que la cercanía con el mercado de Estados Unidos ofrece ventajas, aunque aprovecharlas requiere condiciones operativas y regulatorias que den mayor certidumbre a las empresas.
La industria automotriz necesita tiempo para adaptarse a nuevas reglas
Alberto de Icaza explicó que las condiciones para invertir en el sector automotriz cambiaron desde la entrada en vigor del T-MEC. Entre los ajustes que modificaron la organización de las cadenas regionales están los requisitos de contenido regional y laboral, que llevaron a las empresas a revisar sus esquemas de abastecimiento y producción.
A estas exigencias se sumaron las alteraciones provocadas por la pandemia, los problemas logísticos, la escasez de contenedores y los cambios tecnológicos. La industria pasó de enfrentar una competencia centrada en calidad, tecnología y costos a operar en un entorno donde la continuidad del suministro y la capacidad de responder ante interrupciones adquirieron mayor peso.
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La transición hacia los vehículos eléctricos y la incorporación de más componentes electrónicos y programas informáticos modificaron las necesidades de desarrollo tecnológico. Las empresas deben decidir qué tecnologías incorporar, en qué instalaciones invertir y cómo ajustar sus capacidades ante un mercado cuya evolución no siempre coincide con las previsiones iniciales.
Alberto de Icaza describió las consecuencias de esa incertidumbre a partir de la experiencia de ZF. La empresa construyó en Ciudad Juárez una planta destinada a fabricar inversores de potencia para vehículos eléctricos. Aunque las instalaciones estaban listas desde hacía más de un año al momento de su intervención, su arranque se ha retrasado por el comportamiento del mercado.
La situación ilustra el riesgo que enfrentan las compañías cuando una inversión se concreta antes de que exista suficiente demanda para aprovechar la capacidad instalada. El cambio en las políticas de apoyo a los vehículos eléctricos en Estados Unidos y el ritmo desigual de adopción de esta tecnología han obligado a revisar los planes de algunas empresas.
China sigue avanzando en la electrificación de su mercado automotriz, mientras otros países registran una evolución más lenta. Al mismo tiempo, la capacidad manufacturera construida durante años presiona a una industria que debe adaptar sus instalaciones y productos a nuevas condiciones de competencia.
Ante la posibilidad de que cambien las reglas comerciales, Alberto de Icaza insistió en que las empresas necesitan un periodo razonable para modificar sus cadenas de suministro. “Necesitamos tiempo para poder adaptarlo”, expresó al referirse a los ajustes que exigirían nuevos requisitos de contenido regional.
El plazo se vuelve crítico en el sector automotriz, donde sustituir a un proveedor requiere pruebas y validaciones para comprobar que las piezas cumplen con las exigencias de calidad y seguridad. No se trata de cambiar de origen una compra de manera inmediata: un componente defectuoso puede comprometer el funcionamiento de un vehículo y la seguridad de sus ocupantes.
Las inversiones, además, necesitan condiciones que hagan viable recuperar el capital. Alberto de Icaza advirtió que las empresas deben afrontar estos ajustes en un mercado que atraviesa dificultades y en el que ampliar la capacidad productiva exige evaluar con cuidado los costos y la demanda.
México necesita certidumbre para atraer nuevas inversiones
Rupert Huettler consideró que México cuenta con ventajas geográficas, talento y acceso al mercado norteamericano, pero enfrenta deficiencias que dificultan la llegada de nuevos capitales. Entre las principales preocupaciones de los inversionistas mencionó la disponibilidad de energía eléctrica, la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria.
En su experiencia con empresas extranjeras interesadas en instalarse en el país, una pregunta recurrente se refiere a las garantías de que sus inversiones estarán protegidas y podrán operar bajo reglas comprensibles. La incertidumbre sobre las condiciones futuras puede llevar a las compañías a posponer decisiones, aun cuando encuentren oportunidades comerciales en México.
Rupert Huettler distinguió entre las empresas que ya operan en el país y las que evalúan entrar por primera vez. Las primeras conocen el mercado, sus procedimientos y las condiciones locales; por eso, pueden mantener sus operaciones y reinvertir. Para los nuevos inversionistas, en cambio, los cambios institucionales y regulatorios pueden resultar más difíciles de evaluar.
Esta diferencia ayuda a entender por qué la permanencia de capital extranjero no necesariamente se acompaña de una llegada equivalente de nuevos proyectos. Las empresas establecidas pueden continuar sus planes mientras conocen las condiciones del país, pero una compañía que apenas analiza su entrada necesita calcular los riesgos antes de comprometer recursos.
Rupert Huettler resumió esa dificultad con una distinción entre las ventajas de México y la incertidumbre que rodea las decisiones empresariales: “El problema no es la atractividad de México; es la previsibilidad”. La ubicación, el talento y el acceso comercial pueden resultar atractivos, pero no resuelven las dudas sobre las reglas que regirán una inversión durante los siguientes años.
En el terreno jurídico, el socio de Von Wobeser y Sierra llamó la atención sobre el cumplimiento de las reglas de origen y la documentación necesaria para acreditar el origen de los productos. Las compañías que participan en cadenas regionales deben mantener sus expedientes en orden y demostrar que sus operaciones cumplen con las disposiciones del tratado.
El ámbito laboral es otra materia que requiere atención. El experto puso el foco en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC e hizo hincapié en que los procedimientos pueden generar consecuencias para las plantas y sus exportaciones. En una región con cadenas productivas estrechamente conectadas, una suspensión puede repercutir más allá de la empresa directamente involucrada.
La regulación sobre adquisiciones e inversiones en sectores considerados sensibles para la seguridad nacional es otra fuente de atención. Rupert Huettler aludió a los mecanismos de revisión de operaciones y a la necesidad de que las autoridades tengan capacidad para resolverlas sin generar demoras innecesarias.
La certidumbre jurídica no significa que las reglas deban permanecer inmóviles. En lo que respecta a las empresas, significa conocer las obligaciones aplicables, contar con procedimientos claros y poder anticipar cómo se evaluarán sus operaciones.
La política comercial de Estados Unidos seguirá condicionando la negociación
Juan Carlos Baker Pineda, quien encabezó la participación de México en la renegociación comercial con Estados Unidos y Canadá durante su gestión como subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, diferenció los avances de la integración regional de los cambios políticos que hoy acompañan la relación entre los tres países.
A su juicio, México llega a esta etapa con una relación comercial más estrecha con Estados Unidos que hace algunos años. El crecimiento del intercambio y la integración de las cadenas productivas han fortalecido la posición mexicana, incluso durante periodos de perturbación económica.
El especialista sostuvo, sin embargo, que las medidas arancelarias estadounidenses no deben interpretarse como una táctica pasajera que desaparecerá con un cambio político. Desde su perspectiva, la orientación proteccionista tiene continuidad y las empresas deben incorporarla a sus decisiones de negocio.
Juan Carlos Baker Pineda destacó que Estados Unidos no puede tratar a México exactamente igual que a otros socios comerciales, debido a la dependencia productiva que existe entre ambos países. Las excepciones y condiciones diferenciadas para las exportaciones mexicanas reflejan, en su lectura, el peso que tiene México para los objetivos industriales estadounidenses.
Eso no elimina la incertidumbre. La relación comercial opera junto con diferencias en las políticas internas, las prioridades de seguridad y las reglas que cada gobierno considera necesarias. El ponente hizo notar que las reformas institucionales realizadas en México han cambiado el entorno jurídico respecto del que existía durante la negociación del tratado anterior.
A ello se suma una diferencia en los objetivos de Washington. Mientras que la negociación del acuerdo previo buscaba mantener la integración económica existente, la política actual de Estados Unidos otorga mayor peso a la protección de su industria y a la reducción de dependencias externas.
A las empresas mexicanas, esta orientación abre oportunidades y riesgos. La búsqueda estadounidense de proveedores más cercanos puede favorecer la producción regional, pero el acceso al mercado puede quedar condicionado a requisitos adicionales y a decisiones políticas que cambien los costos de operación.
Juan Carlos Baker Pineda también llamó a evitar que México replique automáticamente las restricciones estadounidenses frente a China o que limite sus relaciones comerciales con otros países sin evaluar las consecuencias. Una política de integración norteamericana debe considerar que las decisiones sobre proveedores y socios comerciales pueden repercutir en la relación con otras economías.
Una política industrial regional exige acuerdos y recursos
La discusión sobre el futuro del T-MEC incluyó la posibilidad de que el tratado evolucione de un instrumento comercial hacia una herramienta de política industrial para Norteamérica. Baker Pineda consideró que una mayor coordinación productiva puede tener sentido, aunque requiere algo más que una coincidencia de intereses entre gobiernos.
Una política industrial necesita recursos financieros, tiempo, instrumentos regulatorios y acuerdos sobre las actividades que cada país desarrollará. También exige definir cómo se distribuirán las inversiones, qué sectores recibirán apoyo y qué cambios legales serían necesarios para sostener esa coordinación.
El especialista advirtió que una estrategia regional de largo plazo no puede construirse sin considerar sus costos y las prioridades de cada socio. Las decisiones de Estados Unidos, México y Canadá tienen consecuencias para otros países con los que mantienen relaciones comerciales, por lo que una mayor integración no debería asumirse como una decisión sin efectos externos.
Por el lado de la industria automotriz, Alberto de Icaza resaltó la profundidad de los vínculos entre las plantas y los proveedores de los tres países. Un mismo producto puede incorporar materiales, piezas y procesos de fabricación realizados en México, Estados Unidos y Canadá antes de llegar a una armadora.
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Esa red productiva ayuda a explicar por qué los cambios en las reglas de origen o en los aranceles no afectan solo a una empresa. Modificar el origen de un componente puede requerir encontrar proveedores, validar piezas, adaptar procesos y reorganizar operaciones en varios puntos de la cadena.
La capacidad tecnológica es otra condición para conservar la competitividad. Alberto de Icaza señaló que la automatización y el desarrollo de nuevos productos exigen que los proveedores inviertan en tecnología y aseguren la calidad de sus procesos. La cercanía geográfica pierde parte de su ventaja si las empresas no pueden cumplir con las especificaciones que exige el mercado.
México cuenta, además, con capacidades de ingeniería y desarrollo que pueden ampliar su participación más allá de la manufactura. Alberto de Icaza puso como ejemplo los centros de desarrollo tecnológico instalados en el país y la colaboración entre la industria y las instituciones educativas para formar especialistas que respondan a las necesidades productivas.
En materia de abastecimiento, recomendó diversificar proveedores y desarrollar fuentes cercanas para reducir la exposición a interrupciones internacionales. Contar con más de una fuente para componentes críticos puede ayudar a responder ante nuevas crisis logísticas o restricciones comerciales.
La revisión del tratado exige preparación empresarial
Los participantes coincidieron en que las empresas no pueden basar sus decisiones en la expectativa de que las condiciones comerciales regresarán a las que prevalecían años atrás. La política arancelaria estadounidense, los requisitos regulatorios y la competencia tecnológica forman parte de un escenario que obliga a revisar los planes de inversión y abastecimiento.
Juan Carlor Baker Pineda recomendó que las compañías recuperen la capacidad de trabajar con distintos escenarios, en lugar de confiar en una sola previsión. La evolución de la revisión del T-MEC puede modificar los plazos y las condiciones para invertir, por lo que conviene evaluar alternativas y anticipar posibles cambios.
Rupert Huettler puso el acento en la previsibilidad jurídica, mientras que Alberto de Icaza remarcó la necesidad de contar con tiempo para adaptar las cadenas de suministro sin comprometer la seguridad ni la viabilidad económica de los proyectos.
La integración regional sigue ofreciendo una base productiva para México, pero su continuidad y crecimiento dependerán de las decisiones que tomen los gobiernos y las empresas. La revisión del T-MEC no se juega sólo en la mesa de negociación: sus resultados se reflejarán en las reglas que deben cumplir los exportadores, en la llegada de nuevas inversiones y en la capacidad de los proveedores para mantenerse dentro de las cadenas norteamericanas.
Coordinador Editorial de Ambiente Plástico: Julio César Sánchez Espinoza. Periodista con más de 15 años de experiencia en la investigación y desarrollo de contenidos especializados para medios impresos y digitales en México y Latinoamérica.
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