A partir de septiembre de 2025, el Estado de México comenzará a aplicar multas por el uso y distribución de plásticos de un solo uso, como parte de una estrategia estatal para reducir la contaminación por residuos sólidos urbanos.
Los lineamientos estatales para regular la transición hacia un esquema sin plásticos de un solo uso estarán listos en julio, lo que dará un margen de 90 días para “socializar” la normativa, señaló la secretaria del Medio Ambiente del Estado de México, Alhely Rubio Arronis.
Según declaraciones de la funcionaria, retomados por NotiPress, con respecto a los criterios de sanciones, el sistema considerará la gravedad de las omisiones y la capacidad económica del infractor. Las multas estarán dirigidas a establecimientos comerciales como:
¿A quiénes aplicarán las multas?
Las multas estarán dirigidas principalmente a:
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Tiendas de conveniencia
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Supermercados
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Negocios de alimentos
La normativa establece que estos establecimientos no podrán distribuir plásticos de un solo uso sin cobrar a sus clientes.
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Una prohibición parcial
La funcionaría también señaló que la prohibición no es absoluta, ya que se contemplan excepciones para sectores que, por razones sanitarias o técnicas, requieran seguir utilizando este tipo de materiales.
Además, las dependencias gubernamentales estarán obligadas a eliminar progresivamente estos materiales en sus propias operaciones, como parte del compromiso institucional con la sostenibilidad.
Un reto para empresarios y consumidores
Aunque esta medida responden a la necesidad de reducir la contaminación por residuos sólidos, las prohibiciones parciales también suponen retos importantes para los empresarios y consumidores. Por un lado, las pequeñas y medianas empresas deberán invertir en alternativas sostenibles, muchas veces más costosas o difíciles de conseguir. Por otro, el consumidor podría enfrentar aumentos de precios o cambios en la experiencia de compra, especialmente en sectores como alimentos preparados o comercio al menudeo.
Una transición exitosa dependerá de una regulación clara, apoyos económicos y una campaña educativa efectiva que permita alinear intereses ambientales, económicos y sociales.