El 16 de septiembre, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) publicó un informe en el que señala que la Unión Europea no ha implementado de manera eficaz el impuesto sobre los residuos plásticos, una medida que entró en vigor en 2021.
Este impuesto exige a los estados miembros pagar 0,80 euros por cada kilogramo de residuos de envases plásticos no reciclados que generen. Sin embargo, los auditores del TCE, con sede en Luxemburgo, subrayaron la necesidad de que la Comisión Europea garantice una aplicación uniforme en todo el bloque.
Dudas sobre los cálculos y controles
Este impuesto es una de las fuentes clave de financiación del presupuesto anual de la UE, que asciende a 150.000 millones de euros, junto con derechos de aduana, IVA y contribuciones basadas en el PIB de los países. Lefteris Christoforou, auditor principal del TCE, advirtió sobre «deficiencias significativas» en la recolección y envío de datos a Bruselas, lo que podría estar afectando la precisión de los cálculos.
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El TCE solicitó a la Comisión Europea corregir estos fallos de inmediato y tomar en cuenta las lecciones aprendidas para posibles nuevas fuentes de ingresos. Hasta la fecha de la auditoría, solo cinco países habían adaptado la actualización de la legislación de envases de 2018 a sus normativas nacionales, dejando a otros 22 estados miembros expuestos a sanciones.
Problemas persistentes
A pesar de los esfuerzos, persisten problemas básicos, como la falta de claridad en la definición de «plástico» y «envase». Aunque se ha acordado una nueva normativa para armonizar la legislación a nivel comunitario, José Parente, quien dirigió la auditoría, señaló que no todos los desafíos serán resueltos. Además, apuntó que los controles sobre la eficacia del reciclaje siguen siendo insuficientes, lo que podría derivar en un déficit en los ingresos presupuestarios.
En 2021, el impuesto generó 5.900 millones de euros, cifra inferior a las estimaciones, lo que obligará a futuros ajustes al alza. El año pasado, los ingresos provenientes de la tasa ascendieron a 7.200 millones de euros, representando el 4% del presupuesto anual de la UE.
Preocupación por actividades ilegales
El informe también alerta sobre el incremento de vertidos ilegales de residuos plásticos, una tendencia confirmada por Europol. El TCE advierte que algunos residuos declarados como reciclados han sido hallados en vertederos o incinerados. Ante este panorama, los auditores piden a la Comisión Europea reforzar la vigilancia y establecer nuevas normas antes de 2027 para mitigar estos riesgos.
En su respuesta al informe, la Comisión reconoció la necesidad de mejorar la comparabilidad y fiabilidad de los datos y afirmó que implementará una nueva metodología para 2026.
