Avanza proyecto para prohibir los plásticos de un solo uso en el Estado de México

El Estado de México podría convertirse en la nueva entidad del país que implementa prohibiciones contra los plásticos, esto después de que la 62 Legislatura local iniciará el análisis en torno a una iniciativa de ley que busca prohibir los plásticos de un solo uso.

Esta propuesta fue enviada por el Ejecutivo estatal el pasado 6 de enero y los trabajos de estudio iniciaron ya en las comisiones de Protección Ambiental y Cambio Climático.

¿En qué consiste la iniciativa?

El proyecto de ley propuesto por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez contempla sanciones de hasta 3,000 UMA’s (339,420 pesos) para quienes entreguen gratuitamente productos plásticos de un solo uso, con excepciones en casos de empaque primario, higiene o salud.


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De igual forma, se contemplan:

  • Sanciones para quienes incumplan con las normativas sobre plásticos de un solo uso
  • Un esquema de sanciones económicas y administrativas para quienes incumplan con las disposiciones, como multas que oscilan entre los 50 y 500 UMAS
  • La suspensión temporal o definitiva de actividades comerciales en casos de reincidencia grave
  • La confiscación de productos plásticos no permitidos en establecimientos
  • Programas de apoyo dirigidos a pequeños y medianos empresarios para adoptar tecnologías limpias o migrar hacia alternativas sostenibles
  • Programas de apoyo dirigidos a pequeños y medianos empresarios para adoptar tecnologías limpias o migrar hacia alternativas sostenibles

Previamente, la gobernadora del Estado de México detalló que el proyecto que se analiza busca prohibir de forma progresiva el uso de diversos productos plásticos de un solo uso, como son:

  • Bolsas plásticas para acarreo
  • Popotes
  • Platos
  • Vasos y cubiertos desechables
  • Envases de unicel y otros recipientes similares no biodegradable

Será hasta el viernes cuando la Comisión dictamine la iniciativa y posteriormente sea presentada ante el Pleno de la Legislatura para su votación. En caso de ser aprobada por el Congreso local, se establecerá un periodo de transición que permitirá a todos los sectores adaptarse gradualmente a las nuevas disposiciones.

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