La Comisión Europea trabaja actualmente en la definición del método de cálculo del contenido obligatorio de material reciclado en el marco de la Directiva de Plásticos de un Solo Uso (SUPD). Este proceso, aparentemente técnico, podría sentar las bases de una nueva categoría de plástico reciclado “Made in Europe”, con implicaciones decisivas para la industria.
En un contexto marcado por precios deprimidos, acumulación de inventarios y una fuerte presión de importaciones a bajo coste, el alcance de esta definición será determinante: Europa podría consolidar un ecosistema sólido de reciclaje o, por el contrario, ver erosionada su capacidad industrial en plena transición hacia la economía circular.
Un sector bajo presión, pese al liderazgo europeo en reciclaje de PET
Aunque el PET es el segundo polímero más reciclado en la Unión Europea, el sector atraviesa una etapa crítica. La combinación de precios bajos, elevados costes energéticos y laborales, y el aumento de importaciones está poniendo en riesgo la viabilidad de numerosas plantas de reciclaje europeas, justo cuando son clave para cumplir los objetivos comunitarios de contenido reciclado.
En este escenario, la definición de plástico reciclado que adopte la SUPD no es un simple ajuste normativo, sino una decisión estructural con consecuencias industriales, ambientales y estratégicas de largo alcance.
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Seguridad jurídica y protección del reciclaje europeo
Una definición clara, homogénea y robusta de plástico reciclado —que priorice el reciclaje realizado en Europa o bajo condiciones equivalentes a las comunitarias— enviaría una señal inequívoca al mercado. Refuerza el compromiso de la UE con su industria circular, con sus objetivos climáticos y con su resiliencia económica.
Además, proporciona la seguridad jurídica necesaria para proteger la capacidad instalada, fomentar la innovación tecnológica y anclar inversiones a largo plazo en el reciclaje europeo, evitando distorsiones provocadas por prácticas competitivas desalineadas con los estándares comunitarios.
Durante la última década, el sector europeo del reciclaje de plásticos ha realizado inversiones significativas en infraestructuras de reciclaje de PET botella a botella, que hoy permiten a la UE contar con capacidad suficiente para cumplir los objetivos de contenido reciclado con recursos propios, sin dependencia estructural de terceros países.
Sin embargo, este avance está amenazado. En los últimos tres años han cerrado alrededor de 50 plantas de reciclaje en Europa, y la pérdida de capacidad registrada en 2025 casi triplica la de 2023. El PET representa aproximadamente el 21 % de la capacidad perdida, lo que evidencia la presión competitiva ejercida por importaciones que no siempre cumplen criterios equivalentes de trazabilidad, control ambiental y calidad.
Importaciones, verificación y confianza del consumidor
El atractivo financiero de las importaciones de bajo coste suele ignorar los objetivos de sostenibilidad a largo plazo y la realidad de los costes operativos y regulatorios europeos. Sin mecanismos de verificación sólidos, no existe garantía de que estos materiales cumplan los mismos requisitos en materia de salud, seguridad y protección ambiental que los reciclados dentro de la UE.
A medio plazo, esta dinámica puede debilitar la capacidad local de reciclaje, reducir el empleo industrial, frenar la inversión y aumentar la dependencia exterior, sin que los beneficios económicos se trasladen de forma clara al consumidor final.
Una decisión estratégica para la política industrial europea
La propuesta de definición de plástico reciclado incluida en el paquete de invierno de la Comisión Europea constituye, en la práctica, una decisión de política industrial, en un entorno marcado por la sobrecapacidad global, la competencia internacional y unas exigencias ambientales cada vez más estrictas.
Anclar las obligaciones de contenido reciclado en las cadenas de valor europeas refuerza la credibilidad ambiental, evita la desviación de residuos recogidos en la UE hacia mercados con estándares inferiores o su eliminación en vertedero, y garantiza que los beneficios económicos de la circularidad permanezcan en la base industrial europea.
Para los Estados miembros, respaldar esta definición supone reforzar la soberanía industrial, la ambición climática y el compromiso con una economía circular real, además de asegurar empleo verde y fortalecer la confianza del consumidor en las declaraciones de contenido reciclado, bajo marcos verificables y conformes con la legislación europea vigente.
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