Los claims de sustentabilidad de diversos artículos de consumo vuelven a estar en el centro del debate. El Fiscal General de California, Rob Bonta, presentó el 17 de octubre demandas contra los fabricantes Novolex Holdings LLC, Inteplast Group Corp. y Mettler Packaging LLC, acusándolos de violar la prohibición estatal de bolsas plásticas de un solo uso establecida en el Proyecto de Ley Senatorial 270 (SB 270).
Las acciones legales también invocan la Ley de Reclamos de Mercadeo Ambiental (EMCA), la Ley de Publicidad Falsa (FAL) y la Ley de Competencia Desleal (UCL), al considerar que las empresas difundieron información engañosa sobre la reciclabilidad de sus productos.
Bolsas que no cumplen con lo que prometen
De acuerdo con la Fiscalía General, el Departamento de Justicia del Estado de California realizó investigaciones que demostraron que las bolsas comercializadas por los tres fabricantes no eran reciclables en el estado, pese a lo afirmado en su etiquetado.
Las empresas, además, incluían el símbolo de “flechas circulares” e instaban a los consumidores a reciclarlas, lo que constituye una afirmación ambiental sujeta a la EMCA. Sin embargo, una encuesta estatal realizada por la fiscalía a 69 instalaciones de reciclaje reveló que solo dos afirmaron aceptar bolsas plásticas, sin poder confirmar que realmente se procesaran.
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“Esta conclusión confirma que la gran mayoría de las instalaciones en California no aceptan ni procesan bolsas de plástico para su reciclaje”, indicó la Fiscalía General en un comunicado.
Posibles sanciones millonarias
La demanda solicita sanciones monetarias, restitución de bienes y medidas cautelares contra los fabricantes. Según la SB 270, las multas pueden ascender a:
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$1,000 dólares por día en la primera infracción
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$2,000 dólares por día en la segunda, y
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$5,000 dólares por día por cada infracción posterior
Asimismo, las violaciones a la EMCA, la FAL y la UCL pueden implicar multas adicionales de hasta 2,500 dólares por infracción.
La Fiscalía estima que, desde la entrada en vigor de la SB 270 en 2016, los fabricantes demandados han vendido o distribuido más de 4,300 millones de bolsas plásticas en California, generando ingresos superiores a $33 millones desde 2020.
¿Qué dice la Ley SB 270 de California?
Aprobada en 2014 y en vigor desde 2016, la Ley Senatorial 270 (SB 270) prohíbe la distribución de bolsas de plástico de un solo uso en tiendas minoristas de California, con el objetivo de reducir la contaminación y fomentar el uso de materiales realmente reciclables o reutilizables.
Bajo esta ley:
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Solo se permiten bolsas que cumplan con estándares de resistencia y reciclabilidad certificados por el estado.
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Los fabricantes deben garantizar que sus productos puedan ser reciclados efectivamente en las instalaciones disponibles en California.
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Cualquier afirmación ambiental o símbolo de reciclaje (como el de las “flechas persiguiendo”) debe ser verificable y respaldada con pruebas documentadas.
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Las infracciones pueden implicar multas diarias de hasta 5,000 dólares y sanciones adicionales por publicidad falsa o competencia desleal.
Cuatro empresas llegan a un acuerdo
El mismo día del anuncio de las demandas, Bonta informó que cuatro productores de bolsas de plástico —Revolution Sustainable Solutions LLC, Metro Poly Corp., PreZero US Packaging LLC y Advance Polybag Inc. (API)— alcanzaron un acuerdo extrajudicial para resolver presuntas infracciones a la SB 270, la EMCA, la FAL y la UCL.
La investigación, iniciada en noviembre de 2022, se centró en determinar si las afirmaciones sobre reciclabilidad y sustentabilidad eran veraces. La fiscalía exigió a los productores documentar las pruebas que sustentaran sus autocertificaciones y el uso del símbolo de reciclaje.
En virtud del acuerdo, las cuatro empresas cesarán la venta de bolsas de plástico en California y pagarán colectivamente $1.7 millones, de los cuales $1.1 millones corresponden a multas civiles y $636,250 a honorarios y costos legales.
Una advertencia para productore
Con estas acciones, el estado de California busca reforzar la veracidad de los reclamos ambientales y frenar el uso indebido de términos como “biodegradable” o “reciclable”, que confunden al consumidor y debilitan la confianza en la economía circular.
La medida también envía un mensaje claro al sector: la transparencia en el etiquetado y la comunicación ambiental será un requisito cada vez más estricto para las empresas que deseen operar bajo un enfoque de sustentabilidad real.
