El gobierno del presidente Donald Trump otorgó una extensión de dos años para ciertas regulaciones contempladas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Estas extensiones, explicó la administración estadounidense, tendrán importantes implicaciones para los sectores del plástico, la industria química y la manufactura.
¿Qué implican estas exenciones?
Las exenciones regulatorias benefician a más de 170 instalaciones industriales en los Estados Unidos, liberándolas de cumplir con normas federales diseñadas para reducir emisiones químicas tóxicas. De acuerdo con la Casa Blanca, esta medida responde a motivos de seguridad nacional y resiliencia económica.
“Mantener una industria química nacional robusta es vital para salvaguardar las cadenas de suministro críticas y reducir la dependencia de actores extranjeros”, señala el documento oficial emitido por las autoridades regulatorias.
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La administración también subrayó que, ante amenazas globales y el control extranjero de insumos clave, garantizar la producción interna es fundamental para la preparación militar, la salud pública y la estabilidad económica del país.
Impacto directo en la industria del plástico y dispositivos médicos
Una de las exenciones más relevantes se aplica a cerca de 40 plantas de esterilización de dispositivos médicos que utilizan óxido de etileno, un compuesto químico esencial para procesos de desinfección. Sin esta medida, dichas instalaciones habrían tenido que reducir en un 90% sus emisiones, lo que implicaría altos costos de inversión y riesgo de cierre.
Además, más de 50 empresas químicas y refinerías de petróleo quedaron exentas de cumplir con restricciones para reducir las emisiones de óxido de etileno y cloropreno, ambos utilizados ampliamente en la fabricación de polímeros y elastómeros.
La postura de la EPA y del sector químico
La EPA defendió la decisión alegando limitaciones tecnológicas para cumplir los estándares propuestos y destacó que las exenciones están alineadas con objetivos de interés nacional.
Por su parte, el Consejo Americano de Química (ACC) respaldó la medida, afirmando que:
«Reconoce adecuadamente el papel fundamental de un sector químico sólido para la infraestructura nacional y las necesidades de fabricación avanzada.»
El ACC también criticó la norma propuesta por la administración Biden, bajo el argumento de que exigía inversiones de capital excesivas y establecía plazos poco realistas que amenazaban con paralizar instalaciones clave.
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